Estado de la Ley de Protección de Datos Personales en Bolivia

Estas son mis respuestas a un post en el foro del Diplomado de Datos Abiertos y Contrataciones Abiertas llevado a cabo por el Centro de Estudios Sociales
¿Es coherente emprender una política de datos abiertos sin tener una Ley de protección de datos personales? ¿Cómo se podría hacer?

Si bien en Bolivia ya existen algunos ejemplos de liberación de datos como datos.gob.bo y GeoBolivia, aún no existe nada que impida que las instituciones, tanto privadas como públicas puedan hacer uso de nuestros datos sin restricción alguna a menos que se los impidamos. Lo único que puede detener a un actor dado a hacer mal uso de nuestros datos es un Habeas Data, una figura que está contemplada en la Constitución. Sin embargo, esto no impide que se usen los datos desde un principio, sino que actúa de forma reactiva en caso de un mal uso flagrante que en la práctica se ha mostrado insuficiente. Uno debe enterarse del mal uso y además probar que esto ocurrió así, lo cuál pone toda la carga en la persona afectada.

La Ley de Protección de Datos Personales es esencial para que la ciudadanía vea al Gobierno Abierto con buenos ojos porque la información que entregó al gobierno, bancos y otros será procesada con reglas claras. Además, esta ley permitirá que muchas más instituciones puedan ingresar al mundo del Gobierno Abierto con la cancha bien rayada en cuanto corresponde a los datos personales que manejan.

¿Por qué en Bolivia no se habrá aprobado una norma de estas características, siendo que la tendencia hoy es la gestión y uso de datos?

Al momento existe una redacción propuesta para la Ley de Protección de Datos Personales que indica que se encuentra elaborada en base a los estándares de datos personales para los estados iberoamericanos y con legislación comparada de Argentina, Uruguay y Perú . El texto de la misma puede ser revisado en este enlace y corresponde a la gestión 2019-2020. Corresponde que nosotros como ciudadanos estemos al tanto del proceso de aprobación, modificación y promulgación pues esto significaría que existe voluntad política hacia un administración más abierta.

A pesar de este avance, existen iniciativas ciudadanas que contemplan el componente participativo de la población que no se tomaron en cuenta. Entre ellas está la gestionada por el Colectivo Internet Bolivia que fue ignorada por los legisladores.

Para concluir, creo que es labor nuestra hacer activismo y convencer a los actores políticos de que una Ley de Protección de Datos Personales logrará que el Gobierno gane en credibilidad y se evite el miedo que salió a relucir cuando se indicó que el SERECI compartiría información con el SEGIP a través de una plataforma de AGETIC.

Si gustan ver toda la normativa relacionada con la protección de datos personales, Mario Durán hizo una revisión exhaustiva en este artículo en el que no solo se incluyen las leyes, sino el detalle de algunas sentencias constitucionales relacionadas al tema.